En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección/anti-derechos. Dicho hostigamiento, sin ser exclusivo, se está centrando principalmente en las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, en aquellas que luchan por el derecho a una muerte digna, la laicidad del Estado, y en las que defienden los logros y derechos de las personas LGTBI. Al tiempo, se está produciendo un recrudecimiento de las acciones intimidatorias contra los/as profesionales que facilitan la prestación sanitaria de aborto provocado, así como, contra las mujeres que acuden a estos centros.
Las acciones de acoso se centran en diversos planos: jurídico, administrativo y público, recurriendo incluso a la intimidación directa. La conexión de estos grupos entre sí y el importante soporte financiero que sostiene su actividad, les ha permitido alcanzar algunos logros importantes como la revocación de la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), la admisión a trámite de algunas de sus denuncias o las sanciones administrativas a los centros de IVE madrileños; por todo ello creemos que se hace imprescindible que las organizaciones que defendemos los derechos sexuales, reproductivos, sociales, sanitarios y civiles, los logros del movimiento feminista, unamos fuerzas y actuemos en red para defender nuestros derechos e impedir que la imbricación social y política de estos grupos se consolide.
Con este objetivo, desde el mes de septiembre de 2018, un grupo de organizaciones, que ya aglutina a 65 entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y fuerzas sindicales; nos reunimos para configurar un grupo abierto que constituyera un instrumento de reacción frente a las situaciones de acoso y hostigamiento. Entre los diversos frentes de hostigamiento que estos grupos mantienen abiertos, nos hemos fijado en este momento, sin querer excluir con ello otros ámbitos que merecen nuestra atención, en las acciones de intimidación directa que estos grupos están ejerciendo sobre las mujeres que interrumpen su embarazo y sobre los/as profesionales que trabajan en los centros de IVE.
En esta línea, hemos elaborado una petición en la que relatamos la situación de hostigamiento que están viviendo los/as profesionales de los centros de IVE y la violencia que están sufriendo las mujeres que intentan ejercer libremente su derecho a la interrupción del embarazo. En este escrito solicitamos la acción legislativa de las fuerzas políticas parlamentarias para promover una norma que ponga freno a ese acoso, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno, como en Francia, donde una norma impide esas acciones de acoso.
